El papel de los militares en Honduras en tiempos del Covid-19


Por Emilia Ziosi

El 16 de marzoth, 2020, Juan Orlando Hernández (JOH), el actual presidente de Honduras, declaró el estado de emergencia en respuesta al estallido de la pandemia COVID-19. Las medidas extraordinarias adoptadas han sido ampliamente criticadas por atentar contra una serie de derechos civiles, pero principalmente por suspender varios artículos de la constitución hondureña (COFADEH, 2020). En este contexto, el hondureño Fuerzas Armadas se han encargado de mantener el orden social, y los informes de abusos de derechos humanos no tardaron en surgir. Con esto en mente, esta reflexión explora brevemente el papel de los militares en Honduras durante la pandemia de COVID-19, con el objetivo de entablar la discusión en torno a las implicaciones que tiene la recurrencia a un “estado de excepción” por parte del gobierno de JOH durante la pandemia tener sobre las desigualdades sociales. Aquí, sostengo que la recurrencia periódica a un estado de excepción, junto con el reconocimiento de un “enemigo” en los ‘socialmente vulnerables’ están fomentando las desigualdades sociales en Honduras al tiempo que normalizan los comportamientos inconstitucionales.

Según Schmitt (1996), la capacidad de hacer una excepción y crear un enemigo reconocido son las verdaderas fortalezas de una nación y su soberanía. Fomentando el argumento de Schmitt (1996), Giorgio Agamben (2005) en su libro Estado de excepción, afirma que el recurso a un estado de excepción es una característica común de los estados modernos y avanzados; “una fictio iuris por excelencia que pretende mantener la ley en su mismísima suspensión” (2005: 59). De acuerdo con la afirmación de Agamben, se podría argumentar que el estado de excepción a menudo no es una excepción en Honduras, sino más bien una suspensión extendida del estado de derecho. Aquí, el caso más evidente está representado por la institución de las Fuerzas Armadas, cuyo prolongado protagonismo en el mantenimiento del orden público y la seguridad interna desde la década de 1980 ha llevado a una remilitarización de la seguridad pública en Honduras (Meza, 2015). El despliegue de la Fuerzas Armadas dentro de las calles hondureñas para combatir los altos niveles de violencia que amenazan al país, permitió la creación pública ya de larga data de un “enemigo” reconocido, identificado en el crimen organizado y las pandillas juveniles. A través de mano dura (puño de hierro) políticas represivas dirigidas a las maras – poderosas bandas locales – se legitimó la recurrencia a la violencia y se suspendió el estado de derecho general, recurriendo a un excepcionalismo que sin embargo se ha ido extendiendo año tras año (Wolf, 2015).

Con el estallido de la pandemia, se ha identificado un nuevo enemigo. El 16 de marzoth, 2020, el gobierno hondureño declaró un “estado de emergencia” para justificar y legitimar el Decreto PCM 21-2020 que impone el toque de queda y restricciones laborales, junto con limitaciones a una serie de derechos constitucionales. Entre estos, la libertad individual (artículo 69) y la libertad de expresión (artículo 72), junto con la suspensión de una serie de artículos que modifican las etapas del proceso judicial, pero principalmente la detención inicial (artículos 71, 84, 93). Al definir la pandemia como ‘una cuestión de vida o muerte’ -como informa el periódico El Heraldo-, Hernández creó una retórica en torno a la alarmante amenaza que representaba la pandemia, explotada para justificar la suspensión del estado de derecho normal y el abuso de poder. Sin embargo, rápidamente quedó claro que la pandemia de COVID-19 en sí misma no era el enemigo. De hecho, el Fuerzas Armadas fueron colocados en primera línea de la pandemia y se les otorgaron amplios poderes, como patrullar las calles hondureñas, para descubrir a los nuevos enemigos del estado que no respetaban el toque de queda, generalmente trabajadores informales, que en 2017 según el Banco Mundial representaban el 80% de la población trabajadora hondureña. Siendo el encarcelamiento una de las únicas formas de castigo utilizadas por el estado para mantener el control social (Chambliss, 1975), no es un caso que muchos de los artículos constitucionales suspendidos se refieran a la detención.

Pronto se reportaron varios casos de uso excesivo de la fuerza y ​​abusos perpetrados por militares (COFADEH, 2020), siendo el más evidente la muerte de un panadero – Marvin Rolando Alvarado – en la vereda El Paraíso en el municipio de Omoa. Trabajador de la economía informal, reprochado por no llevar mascarilla, Alvarado entabló una discusión con los militares de una división de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y luego fue baleado y abandonado por uno de ellos (La Prensa, 2020). Además, a medida que proliferaban las manifestaciones de ausencia de protección social, acceso a alimentos y asistencia médica, las poblaciones más vulnerables pronto se convirtieron en blanco de la represión desproporcionada de los militares, que emplearon gases lacrimógenos y violencia, y que a menudo recurrieron al encarcelamiento. El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos (COFADEH) informa que al menos 11.000 personas fueron “arrestadas arbitrariamente” durante el toque de queda. Los “socialmente vulnerables” hambrientos, enojados ya menudo marginados pronto se convirtieron en el “enemigo” del estado; la amenaza a la soberanía estatal (Schmitt, 1996) hacia la que se desplegaron las violentas y brutales medidas de los militares.

En este contexto, lo que debe abordarse es la recurrencia sistemática del gobierno hondureño a un estado de excepción y la participación de los militares en cuestiones de seguridad pública, lo que Meza define como una ‘hipertrofia funcional’ (2015: 6); una distorsión de las funciones de los militares y de la naturaleza de su institución. Aquí, la constante presencia de militares en las calles hondureñas fomenta la creencia de que el país siempre está en guerra, al mismo tiempo que lo normaliza, por lo que el recurso al excepcionalismo se vuelve casi superfluo. A largo plazo, las implicaciones de tal normalización pueden ser críticas, ya que no será necesario recurrir al excepcionalismo para violar la constitución, donde un caso ejemplificativo lo representa el propio Juan Orlando Hernández, quien impulsó una reforma constitucional para ser reelegido ilegalmente en 2018 (Sosa, 2017). A lo largo de esta suspensión continua y extendida del estado de derecho, el gobierno hondureño ha evitado progresivamente abordar el enorme problema de la desigualdad social que impregna el país, recurriendo al lenguaje bélico y creando un nuevo enemigo público. En este entorno, la brecha de desigualdad sigue ampliándose en Honduras, donde alrededor del 67% de la población aún vive en la pobreza (Barahona, 2018).

Para concluir, sostengo que el recurso de la administración JOH a un estado de emergencia después del estallido de la pandemia de COVID-19 debe explorarse en el panorama más amplio del reconocimiento periódico de un enemigo público y la recurrencia prolongada a un estado de emergencia. del gobierno hondureño, que está permitiendo que las élites económicas locales, los líderes militares y políticos creen un ambiente de normas y valores igualmente diversos. En palabras de Agamben (2005), un ‘espacio sin ley’ continuo; una ‘zona de anomia’ (Agamben, 2005: 34) que permite a las élites locales perseguir sus intereses al tiempo que amplía la brecha entre los muchos y los pocos (Woodward, 1999).

Bibliografía

Agamben, G. (2005) Estado de excepción. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago.

Barahona, M. (2018) ‘¿Retórica política, prédica religiosa o arenga militar? El discurso

del gobernante en la toma de posesión del 26 de enero de 2018 ‘. En Meza V, Ramos V, Barahona M, Salomón L, Sosa E et al. (2019) Antología del pensamiento hondureño contemporaneo. Buenos Aires: CLACSO.

Chambliss, JW (1975) Hacia una economía política del crimen. Teoría y Sociedad. 2: 149-170.

Decreto PCM 21-2020. https://covid19honduras.org/?q=cadena-nacional-16-3-2020-4-pm

El Heraldo (2020) Presidente Hernández sobre pandemia de Covid-19: Es un tema de vida o muerte. El Heraldo. 29 de marzo.

https://www.elheraldo.hn/pais/1368244-466/presidente-hernández-sobre-pandemia-de-covid-19-es-un-tema-de-vida-o. Accedido: 2Junio ​​de 2020.

Informe 2. Del mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos 01-30 de abril, 2020 (2020) Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos – COFADEH.

La Prensa (2020) Panadero resultante muerto y su hermano herido en retén military. La Prensa. 26 de abril.

https://www.laprensa.hn/sucesos/1375550-410/panadero-resulta-muerto-y-su-hermano-herido-en-retén-militar. Consultado: 2 de junio de 2020.

Meza, V. (2015) La remilitarización de la Seguridad Pública en Honduras. En Meza, V .; Orellana, E .; Salomón, L. Mejía, T Molina, F. (2015) La militarización de la seguridad pública en Honduras. Tegucigalpa: CEDOH.

Schmitt, C. (1996) El concepto de lo político. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago.

Sosa E (2017) Transformaciones en las élites económicas, estado y el proceso de democratizació y desdemocratización: El caso de Honduras 1990-2017. En Meza V, Ramos V, Barahona M, Salomón L, Sosa E et al. (2019) Antología del pensamiento hondureño contemporaneo. Buenos Aires: CLACSO.

Wolf, S. (2015) Las políticas de seguridad en México y en el Triángulo Norte: Militares, mano dura y treguas. En (2015) “Seguridad ciudadana y políticas públicas frente a las violencias: compartiendo experiencias y visiones” (serie de conferencias).

Woodward, RL (1999) Centroamérica: una nación dividida. Nueva York: Oxford University Press.

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